Las casas señoriales y los grandes mayorazgos de Castilla.

Si algo nos han enseñado las novelas históricas y las películas basadas en las mismas, es que las familias más poderosas no dudan en hacer uso de todos los medios a su alcance para preservar o incluso acrecentar su influencia generación tras generación.

En España, las familias privilegiadas se beneficiaron durante siglos del mayorazgo, un sistema de reparto de casas señoriales y otros bienes que aseguraba la continuidad del poder familiar.

La institución del mayorazgo establecía un sistema de vinculación de las propiedades singulares en base a un orden sucesorio que propiciaba que el patrimonio familiar se mantuviera intacto.

La base de este sistema era que los bienes que pasaban de generación en generación no podían ser ni alienados (disfrutados por personas ajenas a la familia) ni divididos.

Ni siquiera se reconocía al titular de las casas señoriales y demás bienes la posibilidad de traspasarlos o repartirlos entre sus hijos. Es por ello que, una vez creado un mayorazgo, resultaba jurídicamente muy difícil desmantelarlo.

El mayorazgo surge en la Baja Edad Media, si bien se desconoce el momento exacto de su creación. Los historiadores sitúan su desarrollo y consolidación a mediados del s. XV, coincidiendo con el débil reinado de Enrique IV de Castilla.

Los nobles volvieron a demostrar su visión para aprovechar las coyunturas más favorables cuando en 1505 consiguieron que el mayorazgo quedara definitivamente regulado en las Leyes de Toro, ratificadas por Juana "La Loca".

Aunque este personaje fue sucedido en el trono por reyes mucho más enérgicos como Carlos V o Felipe II, el mayorazgo se mantendría como una institución muy asentada en Castilla y también en otras regiones como Navarra.

La supresión definitiva de los mayorazgos llegó en el marco de la desamortización impulsada por Manuel Godoy a finales del s. XVIII.

Los ilustrados españoles, como Jovellanos, consideraban que aquel sistema lastraba la competitividad de las explotaciones agrícolas al limitar extraordinariamente el acceso a la propiedad de la tierra e incentivaba una gestión pasiva que no se preocupaba de aumentar los rendimientos.

No obstante, las grandes familias nobiliarias siguieron optando por fórmulas muy restrictivas para el reparto de su patrimonio aunque no han podido evitar sucesivas subdivisiones de sus propiedades singulares.

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