Las fincas rústicas durante la ocupación francesa (1808-1813)

La invasión de España a cargo del ejército napoleónico, agresión tolerada por Carlos IV y Godoy, supuso la instauración en nuestro país de una regencia al frente de la cual se situaba José I, hermano del emperador francés. Al igual que ocurriera en Francia tras la Revolución, la nueva administración iba a cambiar la manera de gestionar las fincas rústicas.

De entrada, cabe destacar que las últimas revisiones historiográficas han cambiado radicalmente la imagen que de José I tenían los historiadores españoles. Su breve reinado permitió introducir en España conceptos ilustrados que posteriormente serían aprovechados por los gobiernos liberales nacionales. En el plano de la gestión de las fincas, la reforma más importante llevada a cabo por la administración invasora fue la disolución del régimen señorial. Cabe destacar que el poder nobiliario había experimentado un ligero pero constante decaimiento durante el s. XVIII, en el que las élites comerciales pedían paso.

La abolición de los últimos restos del feudalismo tuvo una consecuencia muy clara. La propiedad agraria o rural se dividió entre muchos más propietarios, a pesar de lo cual no pocas de las expropiaciones llevadas a cabo en el patrimonio eclesiástico (la Iglesia fue una de las grandes perdedoras de este periodo) fueron a parar a manos de hombres ya acaudalados, puesto que eran los únicos que podían abonar las cantidades exigidas por estas fincas en venta. Sea como sea, los pasos dados por el gobierno ocupante se revelarían de gran utilidad para perseverar con posterioridad en la política de desamortización.

Los hombres de negocios tampoco tenían un gran interés en adquirir fincas rústicas a gran escala, a pesar de lo cual algunos de estos personajes deseaban emular lo máximo posible a los nobles tradicionales (se trata de una suerte de complejo de inferioridad social). En cualquier caso, la mayoría de ellos optó por adquirir fincas de pequeño tamaño en las que solía encontrarse una vivienda señorial, afianzando así su patrimonio lejos de las ciudades. A pesar de todo, José I vio lastradas sus reformas por la oposición ciudadana a los invasores y las deudas del Estado, que le obligaron a conseguir más recaudación mediante las fincas en venta.

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