Evolución de los desahucios durante la crisis

Una de las características más importantes de la Gran Recesión fue que su impacto presentó numerosas diferencias entre los países occidentales. No en vano, mientras naciones como Alemania o Noruega han mejorado incluso sus indicadores económicos durante el periodo 2008-2013, otros estados han visto desmoronarse sus estructuras sociales. El auge de los desahucios en España es un claro ejemplo de ello.

De acuerdo con los registros facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2006 se contabilizaron 16.097 ejecuciones bancarias en nuestro país. A partir de este momento, las cifras no dejaron de aumentar en los años sucesivos con el siguiente ritmo: 2007 (+8,12%), 2008 (+18,02%), 2009 (+83,35%), 2010 (+43,99%), 2011 (+19,39%) y 2012 (+16,37%). De este modo, y a falta de conocer los datos oficiales definitivos correspondientes a 2013, el número de ejecuciones inmobiliarias anuales se habría disparado entre 2006 y 2012 un 335,83%.

Los datos provisionales referentes al pasado ejercicio permiten atisbar cierta mejoría de la situación durante los últimos trimestres del año. En cualquier caso, todas estas cifras no pueden ocultar la dramática realidad que encierra un desahucio. Cifrados en 216.418 expedientes entre 2008 y 2012, los desahucios se han convertido en la cara más dura de la crisis, por cuanto la mayoría de afectados son personas con ingresos modestos o inexistentes. En muchos casos, los inquilinos desahuciados eran familias, personas dependientes, jubilados, desempleados y un largo etcétera de personas con alto riesgo de exclusión social.

Por todo lo anterior, no resulta exagerado afirmar que las ejecuciones bancarias se han convertido en uno de los principales problemas sociales y que las medidas legales adoptadas para racionalizar este proceso han sido tardías y en muchos casos confusas. Otro de los aspectos que más llama la atención dentro de este fenómeno es el hecho de que en España haya no menos de 5,5 millones de viviendas vacías, prácticamente el 20% del parque inmobiliario nacional. Cierto es que en los primeros meses de 2014 los datos parciales apuntan a una importante reducción del número de embargos inmobiliarios, pero las cifras siguen siendo muy elevadas.

Por ello es preciso dotar a los empresarios y particulares afectados por la crisis actual, de un asesoramiento que les permita conservar su patrimonio y poder gozar de una oportunidad para poder reconducir su actividad y lograr conservar sus propiedades con una estrategia jurídica enfocada a detener las ejecuciones hipotecarias y disponer de tiempo, bien para poder vender su patrimonio sin prisas, como para tener tiempo de reflotar su empresa, negocio o encontrar una nueva fuente de ingresos.

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